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La Orden Ejecutiva del Presidente Obama

La orden ejecutiva del Presidente Obama de noviembre del 2014 para avanzar la reforma inmigratoria fue retrasada a comienzos de este año después de que un juez federal de Texas temporalmente bloqueara la implementación de los programas de DAPA y la expansión de DACA. Lea aquí sobre la historia de la litigación y una actualización sobre los eventos más recientes.

Historia de la Orden Ejecutiva del Presidente Obama con actualización

El 20 de noviembre del 2014, el Presidente Obama anunció una orden ejecutiva que expandía el DACA y creaba un nuevo programa para padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y de poseedores de tarjetas de residencia: Acción Diferida para la Responsabilidad Parental, también conocida como DAPA.

Hemos creado una sección especial sobre reforma inmigratoria, donde puede encontrar información detallada sobre cómo estos programas ayudarán a millones de familias indocumentadas a permanecer y trabajar en los Estados Unidos.

Poco después del anuncio del Presidente, 26 estados interpusieron una demanda federal en Texas, buscando detener la implementación de la orden ejecutiva. Esos estados argumentaron que la acción ejecutiva era inconstitucional, que se sumaba a la negativa del gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias, y que resultaría en una molesta oleada de extranjeros en los EEUU, así como crearía una carga financiera para todos los estados. El 16 de febrero del 2015, un Juez del Tribunal de Distrito de Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar (es decir, un atraso indefinido en la implementación) deteniendo la implementación de la acción ejecutiva a nivel nacional hasta que decida en última instancia sobre el caso.

Una semana después, el Departamento de Justicia de los EEUU, en representación del gobierno federal, interpuso una moción de emergencia solicitando al juez que detenga (es decir, suspenda) la medida cautelar mientras el caso procedía. Tras casi tres semanas sin una decisión sobre su moción, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que hiciera lo mismo, el 12 de marzo del 2015.

Quince estados, el Distrito de Columbia, los alcaldes de Nueva York y Los Ángeles, 71 ciudades y condados adicionales, un número de organizaciones de derechos civiles, 109 profesores de derecho y 181 miembros del Congreso presentaron argumentos como amigos de la corte, instando a la Corte del Quinto Circuito a que otorgara la solicitud del gobierno federal y permitiera que las disposiciones de la acción ejecutiva continuaran.

El 26 de mayo del 2015, el Quinto Circuito, en una decisión 2-1, se rehusó a levantar de inmediato la medida cautelar en contra de la orden presidencial, con el resultado de que la suspensión de la implementación de DAPA y la expansión de DACA permanecería en lugar. Después de eso, el Departamento de Justicia interpuso una apelación expedita de esa decisión. A pesar de la naturaleza expedita de la apelación, el Quinto Circuito se tardó más de cinco meses para abordarla, y el 9 de noviembre del 2015, emitió una decisión de 2-1, sosteniendo la suspensión de la orden hecha por la Corte del Distrito. El juez disidente escribió que la opinión mayoritaria era un "error" que "ha sido exacerbado por el retraso extendido que ha ocurrido en decidir sobre la apelación 'expedita.'"

A pesar de que ésta reciente decisión parece ser una derrota, en realidad es una apertura que abre el camino para una resolución oportuna del caso. El 20 de noviembre del 2015, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que revisara las decisiones de los tribunales de primera instancia. Una acción puntual en la Corte Suprema significaría que el caso podría ser resuelto para finales del término judicial de junio del 2016.

Nuestra opinión: Darle a un solo estado el poder de denegar la implementación de un programa federal de escala nacional que es apoyado por muchos estados y ciudades es un precedente peligroso. El caso también representa una drástica partida de la concesión de medidas de alivio para grupos inmigrantes en necesidad que ha sido practicada por cada Presidente desde al menos 1956. En pocas palabras, la decisión dividida del Quinto Circuito está fuera de línea con los precedentes y debería de ser reversada.

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