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Los solicitantes de asilo pueden tener más problemas para entrar en los Estados Unidos en un futuro próximo, al menos si tienen antecedentes penales. El miércoles 21 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia publicaron la «Regla Final» que establece las nuevas directrices, aunque todavía faltan 30 días para que entren en vigor. 

Los solicitantes de asilo son inmigrantes que, como los refugiados, a menudo se esfuerzan por escapar del alboroto, la hostigación y el posible maltrato físico en sus países de origen. La diferencia estriba en gran medida en que los solicitantes de asilo ya están en la frontera e intentan entrar al país, o ya lo han hecho, cuando piden que se les conceda el estatus. Los refugiados, por otra parte, obtienen primero la condición de refugiados en campamentos remotos y luego hacen el viaje a los Estados Unidos cuando se les autoriza y se les selecciona para hacerlo. Las normas de este proceso se establecen en el artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), 8 U.S.C. § 1158.

La INA siempre ha restringido a los solicitantes de asilo con ciertos antecedentes o a los que pertenecen a categorías específicas, y también otorga la facultad de crear nuevas restricciones al Secretario de Seguridad Interior y al Fiscal General. La estipulación es simplemente que las nuevas normativas se deben alinear de manera consistente con la Ley inicial. La preocupación es que las personas con un historial delictivo problemático podrían entonces entrar a los Estados Unidos, abusando potencialmente de esos beneficios, cuando sería mejor que se les otorgaran a los que no tienen tales antecedentes.

Para continuar con este proceso, se han establecido nuevas restricciones, y aquellos que ahora se convertirían en inelegibles para el asilo incluyen los individuos con condenas legales — y ser condenado es un factor clave aquí en la mayoría, aunque no todos de estos casos — por cargos de:

  • Violaciones de delitos graves a nivel estatal o federal
  • Pasar de contrabando a otros extranjeros ilegales a través de la frontera o albergarlos
  • Volver a entrar ilegalmente al país después de ser deportado o expulsado
  • Conducir un vehículo en estado de embriaguez, con una sustancia no especificada (es decir, alcohol o drogas ilegales)
  • Participar en una actividad que se clasifica como la de pertenecer a una pandilla callejera
  • Participación en actividad de violencia doméstica
  • Las denuncias de crueldad doméstica, con o sin condena, si un juez las clasifica como extremas

Es importante señalar que algunas denuncias de violencia doméstica no requerirán una condena para que se excluya la condición de asilado de una persona, incluso cuando no se defina como extrema. Esto da un nuevo peso a estas acusaciones de abuso. 

Finalmente, los delitos menores específicos estatales y federales también pueden resultar en la negación del estatus, a pesar de ser delitos de nivel inferior. Estos incluyen:

  • Recibir ilegalmente beneficios públicos
  • Proporcionar una identificación falsa
  • Tráfico o tenencia de sustancias reguladas
  • El tráfico o la tenencia de la parafernalia (accesorios relacionados) de dichas sustancias reguladas

Estos son cambios dramáticos en el programa de asilo que podrían resultar en muchas negaciones para aquellos a los que anteriormente se les hubiera concedido el estatus y se les hubiera permitido la entrada. Algo de interés particular en algunos casos es la falta de una condena necesaria, y la adición de delitos menores tan simples como la tenencia de drogas.

Ahora es más importante que nunca que quienes quieran entrar a los Estados Unidos, ya sea como refugiados, asilados o bajo cualquier otra clasificación, consideren cuidadosamente el aspecto jurídico del proceso. Si necesitan orientación en este proceso, no duden en pedir ayuda.

Marshall Cohen
Marshall Cohen

Marshall Cohen es uno de los principales fundadores de Antonini & Cohen. Admitido al Georgia Bar en 1989, ha practicado la ley de inmigración exclusivamente por sobre 30 años. El Sr. Cohen práctica en todas las áreas de la ley de inmigración, incluyendo casos de familia y empleo, visas temporales y permanentes, naturalización, defensa de deportación y litigios federales.

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