El viernes, 11 de octubre de 2019, tres tribunales federales emitieron medidas cautelares a nivel nacional contra el Gobierno de Trump para detener la entrada en vigor de las reglas de carga pública, que comenzarían a implantarse el 15 de octubre al mediodía. Los tres tribunales emitieron las decisiones casi simultáneamente. Las reglas de carga pública se diseñaron para hacer que sea extremadamente difícil para las familias de clase trabajadora y de bajos ingresos obtener estado legal en los EE. UU., pues las penaliza por no haber alcanzado ciertos niveles educativos, no hablar el idioma con fluidez, no tener inversiones, estar discapacitado o ser demasiado joven o viejo, quedarse en casa en lugar de ir a trabajar, no tener crédito o tener mal crédito, no ser dueño de una propiedad y muchos otros criterios diseñados para preferir inmigrantes educados, financieramente empoderados, saludables y jóvenes. 

Según las tres decisiones judiciales indicadas a continuación, las reglas de la carga pública se suspenden hasta que las diversas demandas contra el Gobierno de Trump sigan su curso, a menos que un tribunal superior decida lo contrario. Lo anterior significa que las personas que buscan cambios de estado y prórrogas de su estado en los EE. UU., podrán continuar sin más preocupaciones hasta nuevo aviso. No está claro si el Departamento de Estado, que había publicado la semana pasada una regla de carga pública propia para ser usada en los consulados, retirará dicha regla a la luz de estas tres decisiones judiciales.

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La decisión del primer tribunal – Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Washington

La primera decisión provino del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Este de Washington. Los estados de Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Washington y las mancomunidades de Massachusetts y Virginia demandaron al Gobierno de Trump. El tribunal ordenó la medida cautelar por razones varias, pero se basó principalmente en la complejidad de la regla y la totalidad de la prueba de circunstancias. Mencionó que las reglas de la carga pública tendrían resultados contradictorios, dependiendo de cada funcionario adjudicador; que crearían miedo y confusión entre la comunidad y que tendrían un efecto inquietante en las personas, además de suscitar el mensaje de implantar barreras para lograr la legalización. El tribunal señaló que el Congreso había aprobado leyes relativas al bienestar y que la agencia había emitido numerosos reglamentos. Se refirió a los estatutos y reglas de 1996, 1998, 1999 y 2013, y consideró que las reglas actuales son una desviación drástica. El tribunal criticó al Gobierno de Trump por no citar «… ningún estatuto, historial legislativo u otro recurso» en apoyo de su afirmación de que el Congreso les dio poder para definir la autosuficiencia, la carga pública y el bienestar. El tribunal contrastó también la falta de argumentos substanciales del Gobierno con el amplio conjunto de leyes citado por los abogados de los 13 estados que demandaron al Gobierno de Trump.

La decisión del segundo tribunal – Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York

La segunda decisión provino del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Sur de Nueva York, y fue presentada por la Ciudad de Nueva York y los Estados de Connecticut, Nueva York y Vermont. Dicho tribunal dictó la medida cautelar y sostuvo que el Gobierno de Trump «no proporciona[nó] explicación razonable alguna para cambiar la definición de carga pública». El tribunal escribió: “En un argumento oral, los demandados tuvieron numerosas oportunidades de articular una base razonable para equiparar la carga pública con la recepción de beneficios públicos durante 12 meses en un período de 36 meses; en particular cuando ello nunca ha sido la regla. Los demandados fallaron todas y cada una de las veces». El tribunal se burló también del argumento del Gobierno de la exigencia de que el idioma inglés era «completamente razonable» para un análisis de la carga pública. El tribunal señaló que el dominio del inglés nunca había sido un requisito. Este país no tiene un idioma oficial y el Gobierno no estableció correlación alguna entre la autosuficiencia y la fluidez en el idioma. El tribunal recordó al Gobierno el flujo de inmigrantes que llega a esta nación, muchos sin conocimientos del idioma, y concluyó que, con o sin ayuda, la mayoría de los inmigrantes vienen a triunfar y lo hacen. El tribunal caracterizó la regla del Gobierno como «una política de exclusión en búsqueda de justificación» y la calificó como «repugnante para el sueño americano de la oportunidad de lograr prosperidad y éxito a través del trabajo duro».

La decisión del tercer tribunal – Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California

La tercera y última decisión provino del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California. Fue presentada por las ciudades y condados de San Francisco y Santa Clara, el estado de California, la Clínica La Raza y otras ocho organizaciones. Este tribunal centró su investigación y falló principalmente sobre dos cosas. Primero, el Gobierno afirmó que el público se beneficiará de la regla, pero no proporcionó elementos probatorios. El tribunal señaló que justamente lo contrario era lo cierto, dando amplias pruebas de ello en sus comentarios (a la regla): El uso de beneficios públicos mejora la salud y el bienestar públicos. El tribunal concluyó que la «mera afirmación de lo contrario por parte del Gobierno no es simplemente suficiente para cumplir con sus obligaciones». Segundo, ignorando la falta de una explicación razonada, el Gobierno no realizó un análisis de costo-beneficio. Tampoco abordó su propio historial con respecto a las reglas anteriores de la carga pública, el impacto que las nuevas reglas tendrían sobre la salud de la comunidad debido a la confusión y el impacto en los niños, especialmente en los ciudadanos estadounidenses. Al tribunal le causó gran preocupación el impacto que tendría tener que renunciar a la atención médica básica, como vacunas, y afirmó que el Gobierno «… no intentó, en absoluto, investigar el tipo ni la magnitud del daño que surgiría de la realidad que admitió iba a ser el resultado – menos personas serían vacunadas».

Uso o venta de marihjuana en un Estado que así lo permite con fines médicos o recreativos.

Aunque varios estados han legalizado la venta y el uso de marihuana con fines médicos y / o recreativos, el hecho es que sigue siendo una sustancia regulada según el Anexo 1 de la ley federal. Aunque poseer, vender bajo licencia o usar marihuana no es ya un delito conforme a la ley estatal, USCIS los considerará una infracción de la ley federal y, por lo tanto, «actos ilegales» que impiden establecer conducta intachable, no siendo necesario para ello arresto, delito penal imputable ni condena. Además, en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, toda persona que abusa o es adicta a las drogas está sujeta a deportación. Nuevamente, no es necesario que haya arresto, delito penal imputable ni condena, para llegar a esta conclusión. 

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