Me he animado a comentar el reciente artículo, “Mala conducta, bromas “lascivas”: los jueces de inmigración siguen en el tribunal”, publicado por el San Francisco Chronicle. En él, ofrecen relatos detallados de la grave mala conducta en el tribunal de inmigración. Yo he sido testigo de ello, e incluso se habla de un juez de Atlanta por su nombre. En las entrevistas con docenas de abogados, incluida la socia de nuestro bufete Carolina Antonini, descubrieron acoso sexual en forma de bromas groseras, preguntas inapropiadas y de índole sexual, y comentarios sobre el aspecto físico de las candidatas. En muchos casos, estos jueces permanecieron en el banquillo o fueron ascendidos.
El problema con el tribunal de inmigración es que cuando los jueces muestran un mal comportamiento, las quejas al respecto no llegan a ninguna parte. A pesar de las numerosas acusaciones formuladas contra los jueces nombrados en el artículo, apenas se han producido reprimendas. A veces, la única consecuencia era asistir a una formación sobre cómo deben comportarse los jueces.
La razón de la inacción es que son empleados del Departamento de Justicia (DOJ), y éste forma parte del poder ejecutivo. Esto hace que el sistema judicial de inmigración esté politizado. Tengo la esperanza de que el gobierno de Biden separe a los jueces y los deje ser independientes, alejados del gobierno federal. Ya es el caso de los jueces de quiebras.
Creo que esto permitiría una mayor supervisión en el sistema y daría lugar a la eliminación de los malos jueces de inmigración. Toman decisiones de vida o muerte, y no hay razón para que alguien que lucha por su vida sienta que no tiene una oportunidad justa en el tribunal de inmigración.